Los jóvenes de la revuelta de Mayo 1968 en París crearon ingeniosos y poéticos slogans como el famoso “Seamos realistas: exijamos lo imposible”. Estamos en época de elecciones y también lo imposible parece acercarse a través de las atrayentes promesas de los candidatos. Hace unos días, escuchando un diálogo entre voceras de las candidaturas rivales constaté que ambas rechazaban tanto la proliferación de termoeléctricas como el proyecto hidroeléctrico de Aysén (en el caso de una de ellas, salvo que dicho proyecto diera respuesta satisfactoria a todas las observaciones de los servicios públicos). Desde luego, un mundo movido por energías alternativas “no contaminantes” y cuya generación no obligara a modificar significativamente el paisaje, sería para todos deseable y debería constituir una meta a alcanzar. El problema es si esa meta es posible en el mundo de hoy y en Chile en particular.
En realidad, muchas personas saben, pero no todas, que no es posible realizar obras de ingeniería de gran envergadura sin impactar el ambiente, y que no es lo mismo evaluar impactos que eliminarlos. Ello incluye los de proyectos energéticos, en particular los de carácter termoeléctrico, hidroeléctrico, geotérmico y nuclear. También saben que los dos primeros tipos de proyectos son imprescindibles para responder al crecimiento de las necesidades energéticas del País. Desde luego, otras fuentes, como la energía eólica constituyen un buen complemento y están siendo progresivamente incorporadas. Sin embargo, en la presente década y seguramente bastante más allá, ellas serán insuficientes para suministrar el volumen de energía requerido y a precios aceptables para los consumidores.
En cambio, como adultos, podemos pedir otras cosas que sí son posibles y necesarias, pero no siempre recibimos. Entre ellas está la de contar con una información realista de los costos ambientales de los proyectos, más allá de las formas legales y del papel, así como con una participación más amplia e informada de las comunidades afectadas. Ello no es posible si los proyectos son evaluados por partes, lo que nuestra legislación permite, pero se aparta de la mejor doctrina de la EIA (“El análisis de Impacto Ambiental debe realizarse sobre la globalidad del proyecto o actividad, por lo tanto es único y no puede ser llevado a cabo por aspectos, partes o territorios”, CONAMA, Mayo 1993). Por ejemplo, la EIA de los costos ambientales de un proyecto de la magnitud de Hidroaysén debería incluir aquellos relativos a las líneas de transmisión de la energía eléctrica generada. En todo caso, si se presentaran separadamente, ninguna obra debería iniciarse antes de la aprobación ambiental del conjunto de las obras básicas del proyecto, para eliminar cualquier posibilidad de “situación de fuerza” que obligara a aceptar hechos ya consumados.
La conocida frase “no hay soluciones perfectas, sólo elecciones informadas e inteligentes” tiene especial relevancia respecto a las decisiones que implican costos ambientales. Ello debe partir por reconocer e informar dichos costos, así como comparar entre distintas decisiones posibles, buscando una transacción entre beneficios y costos, así como equidad intra e intergeneracional en la repartición de unos y otros. En términos más directos, que no sean los que menos energía eléctrica pueden consumir los que se lleven la mayor parte de sus costos en materia de contaminación.
En el caso de las plantas termoeléctricas a carbón (o peor aún, a pet coke), existen costos ambientales altos, que se pueden agravar mucho por su localización). Esto, más allá del tema de “la huella de carbono”, que por el tamaño de nuestra economía es más bien un tema de “aceptabilidad social” internacional. Efectivamente, todas las plantas a carbón que nuestra economía puede permitirse emiten cantidades importantes (del orden de la decena de toneladas por día para una planta de cientos de MW) de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, precursores de niebla o lluvia ácida, así como del orden de las toneladas por día de ceniza fina, que contienen cantidades variables de metales pesados. A ello se agregan sus necesidades de refrigeración que pueden impactar seriamente los ecosistemas marinos. De ahí que su ubicación debería estar determinada por factores naturales, que hagan menor el costo de dichos impactos, no por la conveniencia de las empresas o de sus empleados. Localizarlas en áreas urbanas es un grave error, así como hacerlo en zonas de escasa ventilación natural o junto a ecosistemas marinos o terrestres supuestamente protegidos.
Dentro de pocos días terminará la campaña electoral y con ella el mundo de ilusiones que la acompaña. Pronto los efectos de la nueva legislación ambiental se harán notar y enmarcarán las futuras decisiones y el monitoreo de sus efectos. Ojalá ella ayude a hacer mejor las cosas, en particular aquellas que más importan y respetando el sentido de las legislación, más allá de su letra (nuestra cultura tiene una relación ambivalente con las leyes, de mucho respeto pero también muy proclive a buscar formas de eludirlas). Lo anterior, junto con una participación comunitaria amplia, efectiva y realista, que reconozca que todo progreso tiene sus costos, pero que no está dispuesta a transar calidad de vida por beneficios económicos transitorios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario